Es una demanda que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició en 2014 contra la ONG Basta de Demoler y los amparistas Santiago Pusso y Sonia Berjman, en la causa judicial que frenó las obras la estación de subte de la Línea H “Plaza Francia” de Recoleta durante casi un año debido a que la plaza “estaba protegida por una ley que impedía cualquier tipo de intervención que la dañara”. El gobierno porteño retomó ahora esa denuncia y reclama una indemnización de un total de $24.000.000.
Desde la Organización No Gubernamental “Basta de Demoler”, afirman que “esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”.
La nueva demanda está en tratamiento en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara.
El argumento que presentó el gobierno de la Ciudad es que la acción de amparo fue motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Alvear”.
Por su parte, Basta de Demoler, emitió un comunicado donde indican que “el juicio estuvo suspendido por 7 años, por cuestiones procesales y el aparente desinterés del gobierno porteño en continuarlo. Ahora el GCBA insiste en su intención de amedrentar a todo ciudadano que recurra a la justicia para evitar decisiones abusivas que atenten contra el patrimonio arquitectónico o histórico de nuestra ciudad”.
En el texto, la ONG realiza un racconto de la situación: “En febrero de 2012 comenzaron trabajos de excavación en la Plaza Intendente Alvear para la construcción de la Estación “Plaza Francia” de la Línea H del subte; simultáneamente, comenzaron a talarse añosos árboles y destruirse la histórica barranca. Basta de Demoler, junto con Sonia Berjman, historiadora especializada en paisajismo y con una larga trayectoria en el estudio, difusión y defensa de los parques históricos, presentaron un amparo para detener las obras, que fue concedido primeramente como una medida pre-cautelar por el Juez Guillermo Scheibler. Posteriormente la medida fue confirmada por el juez Zuleta. Los fundamentos presentados por los amparistas se basan en que la Plaza Alvear está declarada Área de Protección Histórica (APH 14 – Ámbito Recoleta), que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos”.
A su vez, desde la organización indicaron que presentaron “informes técnicos que cuestionaron que las bocas de acceso de pasajeros, además del daño ambiental a la plaza, no se ubicaban en la zona de mayor afluencia de pasajeros (hacia la Facultad de Derecho, las terminales de colectivo de la zona y el Centro Municipal de Exposiciones), sino hacia la plaza, lo que hubiera sobrepasado la capacidad de carga de la misma, desvirtuando su carácter de esparcimiento para transformarla en un nudo peatonal”.
En relación al amparo la entidad indica que gracias a este la plaza ahora está restaurada y accesible a todos los ciudadanos, y la estación fue relocalizada debajo del playón lindero a la Facultad de Derecho, donde atiende a las necesidades de acceso diario de 25.000 alumnos hacia la facultad, y las de quienes concurren al Centro de Convenciones de la ciudad, sin violar ley alguna.
Por último, Basta de Demoler, expresa su descontento: “Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes. Consideramos que es inconstitucional porque como ciudadanos estamos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural: la Constitución establece esta acción “expedita, rápida y gratuita”, que la podrá interponer cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos de incidencia colectiva. Esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”.
