El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la puesta en valor de varias alcaldías de la Policía de la Ciudad ubicadas en Barracas de la Comuna 4, San Telmo de la Comuna 1, Palermo de la Comuna 14 y otros barrios.
Hay un presupuesto oficial de hasta $ 65.270.000 para las tareas con la idea de “recuperación edilicia de las diferentes dependencias alcanzadas, adaptándolas a los nuevos materiales y tecnologías”
La lista de los establecimientos a reparar: Manuel Porcel de Peralta 726 (Comisaría Vecinal 10 B); Avellaneda 1548 (Comisaría Vecinal 6 B); California 1850 (Comisaría Vecinal 4 D); Perú 1050 (Comisaría Vecinal 1-B Anexo); Chivilcoy 453 (Comisaría Vecinal 10-A ); Cuba 3145 (Comisaría Vecinal 13 B); Zavaleta 435 (Comisaría Comunal 4); Suipacha 1156 (Comisaría Comunal 1).
A su vez, las condiciones para que las obras comiencen se dispusieron en el pliego técnico de la licitación pública establece: “Debido a la antigüedad e intensidad de uso de las instalaciones alcanzadas por la presente licitación, emerge la necesidad de poner en valor las dependencias que se plantean intervenir, buscando con ello, la recuperación edilicia de las diferentes dependencias alcanzadas, adaptándolas a los nuevos materiales y tecnologías, pero preservando su estado e identidad original”.
A su vez, el texto del pliego licitatorio indica “Dentro de estos objetivos planteados emergen como necesarias las tareas de renovación revoques, pinturas, cielorrasos, carpinterías y otras mejoras descritas a lo largo del presente PET, que darán como resultado la puesta en valor global. Será necesaria, en simultáneo a las tareas de albañilería de baja complejidad, la modernización de instalaciones de servicios existentes (sanitarias, eléctricas y de gas), con el objetivo de volverlas más eficientes y hacerlas más seguras, la seguridad tanto del personal policial como de los reclusos albergados”.
La iniciativa se da en un contexto donde la Ciudad alerta por una superpoblación en alcaidías debido a un conflicto entre la Ciudad y el Sistema Penitenciario Federal.
En este sentido, en su informe anual de gestión, el jefe de Gabinete de ministros, Felipe Miguel, alertó por esta situación cuando expresó: “Por convenio, el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladar a los detenidos en las comisarías de la Ciudad. Pero en medio de la pandemia, el Gobierno Nacional decidió disminuir esos traslados. Estamos hablando de homicidas, de violadores, de ladrones peligrosos, que deberían estar en la cárcel, porque muchos de ellos están incluso condenados por la Justicia”.
En tanto, en ese mismo discurso, el jefe de Gabinete de ministros indicó: “Los números son contundentes. Desde el 20 de marzo de 2020, cuando el Servicio Penitenciario Federal comenzó con esta desidia, hasta hoy, pasamos de tener 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías”, dijo y agregó: “Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”.
Además, Felipe Miguel afirmó: “La única respuesta que recibimos del Gobierno Nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.
