La administración gubernamental ha decidido postergar el aumento en las tarifas del gas que inicialmente se preveía para febrero. La confirmación llega después de las audiencias públicas del pasado 8 de enero, en las cuales se esperaba la definición de los nuevos valores. No obstante, la Secretaría de Energía convocó a las empresas distribuidoras la semana pasada para introducir modificaciones en el esquema de aumentos originalmente propuesto.
En este sentido, aún no se cuenta con detalles sobre el nuevo cuadro tarifario que regirá a partir de marzo. En contraste, la electricidad no experimentará la misma dilación, ya que la audiencia pública correspondiente tuvo lugar la semana pasada, anticipando la pronta revelación de su nuevo esquema tarifario.
En el análisis de las posibles reformas, se cuestiona la continuación de la ley 27.637 que amplió el régimen de zona fría, vigente hasta diciembre de 2031, otorgando hasta un 50% de descuento en las tarifas de gas para ciertas regiones. Asimismo, se plantea la incertidumbre sobre el beneficio destinado a los usuarios más vulnerables de gas natural, contemplados en el Programa Hogar mediante subsidios directos.
Estas determinaciones, clave para la definición de subsidios y sus beneficiarios, serán objeto de una audiencia pública, replicando el enfoque adoptado durante la gestión anterior para la segmentación tarifaria.
En el marco de una estrategia gubernamental para abordar la emergencia energética, se perfila una reestructuración en la asignación de subsidios. La Secretaría de Energía propone establecer una canasta básica energética, determinada por volúmenes esenciales de consumo de gas y electricidad según la zona bioclimática. Esta medida busca focalizar los subsidios según los ingresos totales del grupo conviviente, en contraposición al titular del servicio como se hace actualmente.
Asimismo, se señala la necesidad de corregir la superposición de subsidios entre diferentes estratos de ingresos y beneficiarios de planes sociales, especialmente categorizados como Nivel 2. La falta de control en el padrón de usuarios y las discrepancias entre registros adicionales, como el Renut, RASE, y SINTYS, también están en la mira de la administración.
Para implementar este nuevo esquema, se requerirá un minucioso cálculo de consumos esenciales, teniendo en cuenta el grupo conviviente y la región habitada. Este proceso permitirá vincular los ingresos con los consumos, clasificando a los usuarios según su nivel de consumo y depurando la base de datos.
En el contexto más amplio de la emergencia energética, la estrategia oficial también busca restaurar la cadena de pagos del sector y superar la vulnerabilidad en los segmentos de generación, transporte y distribución. Además, se subraya la intención de restaurar las señales de precios en el mercado para atraer inversiones privadas y garantizar un suministro energético que respalde el crecimiento económico sin restricciones de infraestructura.
